«Aborto libre, gratuito y por la seguridad social», lo mas parecido es el aborto farmacológico.   La crisis del Covid-19 hace que abortar sea más difícil e inseguro.   Para abortar hoy en España, son necesarias como mínimo tres visitas presenciales: 
 1/ información previa presencial, 2/ tres días de reflexión obligatoria y formalizar tu decisión, 3/ acto clínico de aborto (en clínicas autorizadas, pero no en hospitales públicos) o aborto farmacológico (mifepristona y misoprostol, desde el 2005 medicamentos esenciales OMS). 

En tiempos de Covid, reducir el número de desplazamientos minimiza las posibilidades de contagio.   La obligación de recoger la información y guardar tres días de reflexión, es una  medida moralista y un castigo a las mujeres, que nos deja como ciudadanas de segunda que tiene que  pensar las cosas cuando se lo diga el Estado, aunque ya lo hayan reflexionado. Este paso se puede hacer perfectamente de forma telemática o en sobres por correo. El aborto farmacológico es un clamor internacional que puede ser realizado en el propio domicilio, con un sistema sanitario de seguimiento a distancia:  no expone a las mujeres a salir y al contagio, permite hacer la interrupción en los plazos requeridos y el tratamiento farmacológico puede ser enviado o recogido en farmacias próximas. 

En el acceso al aborto hay una disparidad y desigualdad territorial gravísima entre la ciudad y el medio rural y entre comunidades. Hay regiones donde no se ha realizado ningún aborto, lo que significa que han enviado a las mujeres a otras comunidades ( el coste de desplazamientos corre a cargo de la mujer). No se han hecho abortos en: Jaén, Huesca, Teruel, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ávila, Segovia, Soria, Zamora, Cáceres, Ceuta y Melilla. En el acceso al aborto hay desigualdad de las mujeres migrantes en situación irregular, para desplazarse a los centros de salud, con el requisito de llevar 90 días en España, en un momento de restricción de movilidad e incremento de la vigilancia policial. En el acceso al aborto hay una desigualdad entre las menores de 16 y 17 años que les impide tomar con autonomía una decisión vital e intransferible.   No  adoptar medidas que garanticen el acceso real al aborto, es una dejadez de las obligaciones del Estado y del ministerio de Sanidad, que podría haber emitido disposiciones competentes para que las mujeres pudieran elegir realizar el aborto en casa de forma farmacológica.  

El aborto es un servicio esencial de salud que no se puede obstaculizar bajo ningún concepto, es un derecho reconocido en ley orgánica. Las medidas que garanticen este derecho, que doten de autonomía a las mujeres y protejan su exposición al Covid, deben partir del Gobierno Central, única forma de asegurar equidad en todos los territorios y evitar que en regiones se impongan ideologías de  quien gobierna.  Por todo esto, vemos que el aborto farmacológico de acceso y seguimiento por la Seguridad social, es lo mas parecido a «Aborto Libre Gratuito y por la Seguridad Social».